Derecho: La Función social del Derecho

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El Artículo VII del Título Preliminar del Código Civil peruano, dictamina que “los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada en la demanda”, pero antes que los jueces apliquen lo establecido en la norma jurídica, existen en el transfondo temas aún imprecisos por abordar.

No podemos empezar sin antes mencionar los problemas que se desprenden de la función judicial que dictamina el Código Civil, en un país como el Perú, por ejemplo -o cualquier otro-, tan rico como diverso en muchos aspectos, especialmente el social, donde podemos fácilmente encontrar diferencias muy marcadas; que además mantienen un determinado perfil, como el de las vestimentas, lenguajes, danzas, etc., en los cuales el Derecho cumplirá su función social.

tableLa “función social del Derecho” hace referencia a la eficacia social de las normas jurídicas. Ahora, se trata de mostrar [Ferrari, 1980] las relaciones de interdependencia y dependencia entre las siguientes variables: 1) los fines del editor de las normas, ya sean proclamados o no, y considerando que quienes dictan las normas no son únicamente las instancias jurídicas formales, sino también los grupos de presión que influyen en ellas; 2) el contenido de la regulación jurídica; y 3) los efectos sociales producidos por la puesta en vigor de la norma.

Por otro lado, en el artículo V del título preliminar del código penal, también del Perú, se establece que “sólo el juez competente puede imponer penas o medidas de seguridad; y no puede hacerlo sino en la forma establecida en la ley”, por lo que los problemas que empiezan a plantearse nacen de un “factor social”, llamados problemas del contexto lingüístico debido a que el lenguaje jurídico es un tipo de lenguaje común y, por tanto, adolece de los mismos problemas de ambigüedad y vaguedad que afectan a éste; y deshacer la ambigüedad y vaguedad comporta una decisión discrecional, la diferencia que nos identifica como sociedad recae en el Derecho para que se haga efectiva su función.

Generalmente, los documentos normativos, es decir, las fuentes del Derecho, son formulados ya no en un lenguaje artificial –en el que todos los términos y todos los conectivos sintácticos estén rigurosamente definidos-, sino en un lenguaje natural, este lenguaje natural varía, como somos testigos día a día, según su significado o sentido que se le sea atribuido con el pasar del tiempo, debido a estas “variedades sociales” de las que somos parte.

Por lo tanto, los significados de las palabras y el sentido o interpretación que se le dé a determinadas expresiones cambian de tiempo en tiempo, así como las vestimentas, lenguajes, danzas, etc.

En el campo jurídico, desde el punto de vista del juez fiel a la ley, la interpretación se presenta como una actividad de conocimiento: interpretar es “averiguar” el “verdadero” significado de las leyes o la “verdadera” intención del legislador. Los problemas de interpretación, de esta manera, se presentan como origen o motivos de duda en torno al significado de la ley o a la intención del legislador”.

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@diegoganoza

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De la Administración Pública, su gentita.

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En la edición número 43 del 2010, de la revista del Colegio de Politólogos y IMG-20111014-00030Sociólogos de Cataluña, Àmbits, cuyo tema central es “La administración pública: entre la política y la sociedad”; se realiza una entrevista al profesor Carles Ramió.  Ésta gira entorno a las problemáticas que afronta la administración pública en Cataluña, y su crítica –constructiva- sobre ellas.

Aquí comparto con ustedes parte de esta entrevista –es de mi entera responsabilidad algún error en su traducción-, ya que coincido  con –y por lo mismo, me parecen acertadas- algunas de sus observaciones. Considero además, que bien podrían ser tomadas en cuenta por otras organizaciones en donde bien nos terminan arruinando el día por su extrema ineficacia y cuyo personal goza de una actitud altanera injustificada.

¿Cuál es, hoy en día, el estado de salud de las Administraciones Públicas catalanas?
El estado de salud de las Administraciones Públicas catalanas es bueno y malo a la vez. Por un lado son eficaces y ofrecen unos servicios públicos de calidad. Cuando al ciudadano se le pregunta sobre los servicio en concreto que reciben, se muestran satisfechos, y así lo valoran en las encuestas. Por otro lado, sin embargo, no está claro que estas administraciones sean eficientes. Eso se debe a un problema estructural de falta de productividad que afecta Cataluña y al conjunto del Estado, tanto el sector público como el privado. Hacer que las Administraciones Públicas sean más competitivas es uno de los principales retos que tenemos actualmente. (Subrayado mío).

¿Esta debilidad se podría solucionar reduciendo el número de empleados públicos?
Yo no creo que haya demasiados empleados públicos. Si nos comparamos con países de nuestro entorno, observaremos que todos tienen más empleados públicos por habitante que nosotros. Hay que tener en cuenta que las dimensiones de nuestras Administraciones Públicas están pensadas para atender a seis millones de habitantes, y ahora ya son siete, por lo tanto, es inevitable que el volumen de funcionarios crezca. Además, casi todos los servicios que prestan –básicamente vinculados  a la salud, a la enseñanza y a los servicios sociales- son directos, cosa que obliga a hacer nuevas contrataciones.

¿Cuál es, entonces, la causa de esta ineficiencia?
Los empleados públicos han ido acumulando con el tiempo, un conjunto de derechos absolutamente desmesurados, de manera que trabajan muchas menos horas que los del sector privado. Algunos estudios demuestran que, entre vacaciones, días de asuntos propios, bajas por maternidad o paternidad y medidas para la conciliación de la vida personal y profesional, esta diferencia es de unas doscientas horas. Una buena fórmula para resolver esta cuestión sería un pacto entre los sindicatos y los diferentes partidos políticos, que se redujera estos excesos de derechos y lograr así aumentar la productividad. Otro mecanismo, podría ser la evaluación del desempeño, a través de incentivos positivos, como los que se utilizan para que el profesorado universitario incremente la productividad en la investigación; y negativos que aún nadie nunca se ha atrevido a establecer.  (Subrayado mío).

¿Piensa que hay suficiente cultura de servicio público en las Administraciones Públicas catalanas? ¿o bien, predomina la cultura empresarial, quizá más propia del talante catalán?
En Cataluña no hay una cultura de servicio público, y aún menos unos valores institucionales comunes a toda la Administración de la Generalitat. Aquí tenemos culturas departamentales totalmente fragmentadas; es decir, con unos lenguajes y símbolos que son específicos a cada departamento y no están articulados de manera conjunta para
toda la institución. Cuando los nuevos efectivos entran en la función pública, lo hacen muchas veces por motivaciones ajenas a una vocación de servicio público y la forma de hacer oposiciones (evaluación que han de pasar las personas que quieran trabajar para el Estado) tampoco los socializa con estos valores. Es por eso que yo siempre he creído que la formación de entrada es el gran momento de socializarlos con los valores públicos y con los valores institucionales.

En las conferencias acostumbro a decir en broma que para entrar a trabajar a la Administración Pública se ha de estar enamorado de los valores públicos. Nada más así, se está al servicio de los conciudadanos y se defiende el interés público. Aunque evidentemente  nunca lo podré hacer, porque vulneraría los principios de igualdad, capacidad y mérito. Yo pondría un test del amor como prueba selectiva. Y si los funcionarios no entran enamorados, lo que debemos de hacer es conseguir que se enamoren por medio de la formación de entrada, de un proyecto de formación permanente y de acompañamiento institucional. (Subrayado mío).

IMG-20111014-00029¿Qué otras carencias ve en las Administraciones Públicas catalanas?
Otro problema, aún más preocupante, es la falta de madurez institucional provocada por una falta de tradición de nuestras Administraciones Públicas, aún muy jóvenes, y una cultura política en nuestro país de carácter heterodoxo. Ésta se hace evidente en el elevado grado de rotación de los subdirectores y subdirectoras generales, funcionarios de carrera pero elegidos por criterios de libre designación. Dado que se trata de lugares de confianza política, existe la idea absolutamente perversa que todo cambio –ya no de partido político en el gobierno, sino de alto cargo- implica la renovación de la mayor parte de estos efectivos, con independencia de su valía profesional, para poder ubicar a los propios conocidos y clientelas. Éste es un error gravísimo, ya que es precisamente en este ámbito estratégico de la Administración, de rótula entre los niveles político y profesional, donde se reúne más conocimiento y fortaleza institucional. (Subrayado mío).

¿De qué manera se pondría remedio?
Personalmente, considero que estos no deberían ser lugares de confianza política, sino de desconfianza política. Los cambios, nada más, estarían justificados en aquellos casos que el profesional hubiera sido contaminado por la opción política anterior y, en consecuencia, bloqueara las políticas públicas que actualmente se quieren implementar. Una buena regulación del directivo público acabaría con esta práctica, pero eso implicaría establecer un conjunto de límites que la clase política, ahora por ahora, no está dispuesta a autoimponerse.

(…)

Viendo que las plazas dirigidas a politólogos y sociólogos son aún escasas, ¿cree que sería buena idea la creación de unos cuerpos específicos mediante los ámbitos funcionales que faciliten la incorporación de estas titulaciones en la Administración Pública?
En primer lugar, debemos entender que para trabajar para la Administración Pública no hay que ser funcionario. El sector público es muy amplio: dentro están las empresas públicas, los consorcios, los organismos autónomos, el sistema parapúblico, etc. Es aquí donde trabaja la mayor parte de los empleados públicos. Cuando el politólogo que quiere ser el funcionario clásico, tiene la opción de entrar al cuerpo superior de carácter general. Crear un cuerpo específico reservado únicamente para politólogos y sociólogos sería una estrategia corporativa de carácter antiguo que a la larga nos perjudicaría, porque las plazas ofertadas serían  muy pocas. Nosotros, de acuerdo con nuestra polivalencia, debemos aspirar a ocupar varios lugares de trabajos diferentes.

Lo que sí es cierto es que las administraciones deberían de ir cambiando el contenido de los temarios, introduciendo materias más afines a nuestras licenciaturas, como temas de gestión y de políticas o temas de carácter social. No tanto porque favorezca a los politólogos y sociólogos, sino porque a las Administraciones les falta este perfil no tan hiperespecializado, y mucho más multidisciplinario y transversal.

 

Para más información acerca de la carrera, teorías, artículos y demás, del profesor Ramió, bien podrían googlear, o visitar el blog de nuestros amigos de eadminblog.net, que poseen varios interesantes artículos sobre las propuestas y temas que rodean el presente post.

Finalmente, sólo me gustaría acotar que, si bien es cierto que cada gobierno, cada administración es distinta según la realidad social en la que se desenvuelva, quisiera jugármela proponiendo que las necesidades respecto a esto, en cada uno de nosotros -en el fondo- son las mismas: esperamos eficacia y eficiencia por parte de los organismos gubernamentales para con la viabilidad y buen funcionamiento del sistema administrativo. Un claro compromiso por parte de sus agentes como de nosotros, sus usuarios, es fundamental para echar la máquina a andar.

@diegoganoza 

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