Derecho: Pedro Planas

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Hoy, el diario oficial del Perú: El Peruano, ha publicado, a través de su suplemento de análisis legal “Jurídica“, una edición especial para recordar al prestigioso jurista y periodista peruano Pedro Planas, que contribuyó a través de la labor académica a mantener los pilares democráticos de un Perú en épocas de violentos cambios, y que hoy en día, sus escritos son lecturas de obligada referencia en diversas facultades de Derecho en el país.

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Pedro Planas Silva, nació el 22 de marzo de 1961. Estudió Ciencias de las Comunicaciones en la Universidad de Lima, y posteriormente realizó un posgrado en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid.

Fue profesor de Derecho Constitucional Comparado en universidades limeñas, y destacó sobre todo por ser un autor de ensayos políticos (“Rescate de la Constitución”, “El Estado moderno” y “La Constitución traicionada”, en colaboración con Domingo García Belaunde), además de textos sobre temas constitucionales y jurídicos.

Fue un constante luchador contra la dictadura de Alberto Fujimori. Sus ideales democráticos lo llevaron a colaborar con el presidente Valentín Paniagua durante el gobierno de transición, y luego con el presidente Alejandro Toledo.

El periodista, escritor y analista político Pedro Planas Silva, fue asesor durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo, y falleció el 7 de octubre del 2001 a las 3.30 de la tarde a causa de un paro cardíaco mientras visitaba Ayacucho, en la que desarrollaba una intensa agenda para sentar las bases de la regionalización, La muerte lo sorprendió a los 40 años de edad.

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Derecho: Seguridad jurídica

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¿Qué sucede si el que nos debe proteger, va y nos hace daño? ¿A quién debemos acudir? ¿Con qué medios contaremos para que se haga efectiva esa protección? ¿Por qué tengo que demostrar que soy inocente, si lo que deberían buscar es probar mi culpabilidad?…

Éstas son sólo algunas de las tantas preguntas –problemas- que José Antonio Zuñiga trata con toda la esperanza del mundo, en responder a través de su caso, contra un Sistema penal mexicano empedernido.

Quiero invitarles a ver, y –por qué no- criticar este documental titulado: “Presunto Culpable”.

 

Presunto culpable es un largometraje documental realizado en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México y en los Tribunales de Justicia que narra la historia de José Antonio Zuñiga y su lucha en contra del Sistema Penal y Judicial mexicano.

Menciones y premios:
Presunto culpable ha recibido 13 premios nacionales e internacionales (ordenados del más reciente al más antiguo):
International Documentary Association, Los Angeles 2010, Humanitas Award
Verzio Film Festival, Budapest 2010, Premio del público
Sarajevo Film Festival, Prizren 2010, Premio del público
One World Media, Londres 2010, Premio al Mejor Largometraje Documental
Documenta Madrid, España 2010, Premio al Mejor Documental y Premio del Público
East End Film Festival, Londres 2010, Premio al Mejor Largometraje Documental
Los Angeles Film Festival, 2010, Premio del Público por Mejor Largometraje Internacional
Human Rights Watch Film Festival, Nueva York 2010, Película de Clausura
San Francisco International Film Festival, 2010, Golden Gate Best Bay Area Documentary
Festival Internacional de Cine de Guadalajara, México 2010, Premio por Mejor Documental
Copenhagen International Documentary Film Festival, Dinamarca 2009 Premio de Amnistía Internacional
Festival Internacional de Cine de Morelia, México 2009, Premio por Mejor Documental
Belfast Film Festival, Irlanda 2009, Maysles Brothers Documentary Award

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Derecho: Labor social del abogado

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El actual código de ética de 1997, establece en su artículo 7° lo siguiente:

“La profesión de abogado impone defender gratuitamente a los pobres, tanto cuando éstos se los soliciten como cuando recaigan nombramientos de oficio. No cumplir con este deber, desvirtúa la esencia misma de la abogacía. No rige esta obligación donde las leyes prevean la defensa gratuita de pobres.”

Como vemos, el principal asunto que asume este artículo es el compromiso del abogado y su relación con personas de bajos recursos económicos en tanto lo gratuito que debería de ser el servicio legal brindado para estas personas. Especialmente en nuestro país, donde la pobreza es mayoría, un sistema de justicia eficiente no se ve reflejado para este sector de la población, lo afirmamos debido a los costos que supone iniciar un proceso judicial, el reunir las pruebas, honorarios para el patrocinio debido, entre otros.

El acceso a la justicia de los sectores socialmente vulnerables es un tema pendiente en nuestra sociedad: el Estado no ha podido generar las condiciones desde su propio aparato institucional para cubrir tales necesidades, por lo que los abogados han asumido su propia responsabilidad al trabajar directamente con tales grupos marginados -e incluso desesperanzados- frente al valor de la Justicia, que se dice, impregna un Estado de Derecho como el chileno [o como el nuestro, el peruano].

Dalai En ese sentido, estas actividades probono no deben restringirse solamente a este sector de la población con escasos recursos económicos; sino que además, existen otros casos que pueden calificarse como actividades probono en donde debe se asuman “actividades de responsabilidad social, promover una modificación legislativa al sistema de seguridad social ante el Congreso, participar en seminarios y conferencias sobre asuntos jurídicos, plantear una acción para resolver un caso de incidencia pública, asesorar en asuntos no litigiosos, apoyar la labor de organizaciones que sirvan al interés público, siempre y cuando éstas se realicen gratuitamente.

Asimismo, debido a la naturaleza de las actividades probono, como dijimos en el post anterior, son comprendidas como aquellas que se realizan por el bien público, entonces pueden y deben hacerse extensivas también a las personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad, entre niños, mujeres víctimas de violencia familiar, la defensa de personas con discapacidad en casos de discriminación, la defensa de microempresarios en asuntos tributarios, o finalmente a ancianos; es decir, a aquellas que se encuentren afectadas directamente por asuntos de desventaja respecto a otras personas o frente a instituciones privadas y estatales. Como por ejemplo, en los casos de desalojo en el que el Estado posee la potestad de despojar a las personas de su propiedad y asignarles uno nuevo, ésto puede ocasionarles ciertos perjuicios respecto las condiciones del nuevo lugar asignado, así como el establecer nuevas condiciones de vida, de movilidad, etc.

Además de ello, otro caso que puede calificarse como una actividad probono encuentra su esencia en que la responsabilidad social del abogado supone asumir un rol activo y participativo también en la difusión del Derecho de cara a la ciudadanía; es decir, no basta con la sola aproximación del ciudadano a las entidades judiciales para solicitar justicia, sino que éste debe saber o al menos conocer lo básico para poder reclamar lo que le corresponde como parte de este sistema jurídico; esta difusión puede darse a través de la absolución de consultas de comunicación masivos, la participación de programas de capacitación ciudadana, la publicación de folletos informativos, entre otros medios educativos orientados a fomentar una educación cívica en la población.

Por lo que por ejemplo, una asesoría legal a una universidad privada y la participación en una charla sí podrían considerarse como actividades probono, claro, siempre y cuando éstas sean dadas de manera gratuita y con la finalidad de educar legalmente sobre el sistema jurídico a las personas que se beneficiarían de ella.

Ante esto último, la “Propuesta de normas de conducta y responsabilidad profesional del abogado”, replantea lo mencionado en el artículo 7 del actual código de ética, que citamos al comienzo de este punto, señalando que:

Artículo 97.- Es deber del abogado y de la organización profesional llevar a cabo acciones de responsabilidad social, las mismas que se puede materializar a través de algunas de las siguientes modalidades:

    1. Defensa gratuita

    2. Participación en políticas públicas

    3. Difusión del Derecho

El abogado con poder de dirección además debe propiciar que se generen las condiciones para que los demás abogados a su cargo puedan cumplir con su responsabilidad social.

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Bibliografía
GARAFULIK L., María Paz. FUNDACION PROBONO – COLOMBIA. “Responsabilidad social profesional de los abogados”.

[http://200.27.90.128/probono/php/opinionVer.php?id=69]

Propuesta de Normas de Conducta y Responsabilidad del Profesional en Derecho 2009.

Derecho: El pro-bono de los abogados

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Las actividades pro-bono son comprendidas como aquellas que se realizan “por el bien público”, como bien se define en la “Declaración de trabajo pro-bono para el continente americano”. Estas actividades nacen para dar solución a diversos problemas que enfrenta el sistema de justicia como entidad pública y poder de Estado.

Entre estos problemas se encuentran la deficiente capacidad del Estado por resolver las necesidades legales de la población en situación de vulnerabilidad, sea por un tema de escasez de recursos, de marginación, de indefensión por motivo de edad, etc.; el escaso conocimiento por parte de la población sobre sus derechos y la manera de hacerlos valer, lo cual genera un desentendimiento entre ambos (la población y el Estado) al momento de establecer la idoneidad del Derecho, lo que a su vez crea desconfianza por parte de la población hacia éste; debilidad de los órganos gremiales (como el Colegio de Abogados) es que estos en general, no cuentan con esta tarea de vigilancia ética. 

TheKid-CharlesChaplin En ese sentido, respecto a la carrera de Derecho en sentido amplio, vemos que existe gente que estudia Derecho, pero no todas la practican o ejercen, debido a que ésta se presta para poder ejercer otras profesiones (el periodismo, por ejemplo); al mismo tiempo, entre quienes la practican, se distinguen en categorías más pequeñas como la Magistratura, la diplomacia, etc. Lo cual origina un campo competitivo más amplio de desempeño, consignándose de esta forma un estado de vulnerabilidad del Derecho, entendido como una profesión central a grandes intereses y a grandes factores de poder, cosa que no sucede con profesiones como la educación, la medicina o la sociología, que no están estrictamente en el vértice de las grandes decisiones sociales y políticas, en cambio el Derecho sí. Sea en el Poder Legislativo cuando hay que dar una ley o discutirla; o en contratos entre particulares. Todo esto hace que sea un profesión muy predispuesta a estar en el ojo de las tormentas.  

Sin embargo, dentro de este amplio campo de competitividad, muchas personas están convencidas de que el abogado que goce de más prestigio es aquel quien goza de una ética intachable, pues resulta contradictorio aceptar que aquel quien haya dedicado mucho esfuerzo y sacrificio a su labor académica sucumba ante un acto indebido (corrupción, entre otros). Un claro ejemplo acerca de esto último, es el arbitraje, cuyos profesionales del Derecho que gozan de buena reputación y buen ejercicio ético son convocadas por los clientes para formar parte de un Tribunal que resolverá determinados conflictos.  

Es así pues que el abogado y las instituciones profesionales del Derecho, dentro de este sistema de justicia, como vamos viendo, cargado de serios problemas, tienen como uno de sus objetivos el defender los derechos de las personas y la consolidación del Estado Constitucional de Derecho y la justicia; además que la profesión legal tiene un rol privilegiado y está posicionada de manera única en materia de acceso a la justicia y tiene la responsabilidad, los medios y la oportunidad de promover un sistema legal justo y equitativo, así como el respeto por los derechos humanos y constitucionales en colaboración con el estado, el poder judicial y las organizaciones no gubernamentales. Por todo ello, para atender las necesidades antes mencionadas y el rol que desempeña el Derecho, es que se dan las actividades de responsabilidad social del abogado.

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Bibliografía
BOZA DIBOS, Beatriz y CHOCANO DAVIS, Christian. “Responsabilidad social y pro bono. Más allá del fin de lucro”. En: Exposición de Motivos del Proyecto de Código de Ética y Responsabilidad del Profesional en Derecho. Lima. 2008.
DEL MASTRO, Fernando. “Pobreza legal y pobreza legal extrema: ¿Quiénes son los responsables?” En: Themis, revista editada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nro. 53. 2007.

Derecho: Democracia mediante la Constitución

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Al conquistar  nuestras libertades, hemos conquistado
una nueva arma; esa arma es el voto.
                            ARISTÓTELES

El voto en el Perú, por ejemplo, ha sido utilizado de muchas formas y con distintos fines, el sufragio ha estado sirviendo para poder dar legitimidad a una representatividad que no siempre ha expresado la voluntad de la sociedad.

Por otro lado, el sufragio como un Derecho fundamental es una consecuencia de la convivencia del hombre en sociedad a fin de que sirva a la sostenibilidad y estabilidad de la estructura estatal, de ahí su obligatoriedad como deber regulado dentro de la Constitución política.

Aquí entendemos que la Constitución es aquel conjunto de normas que establece la organización fundamental de un Estado, y las relaciones de éste para con los ciudadanos, sirviendo de “limitador” o tope máximo de la actividad legislativa. En ella, el voto se encuentra regulado en tanto se habla de soberanía popular en la que la representatividad de un Estado se encuentra legitimado por la ley, y ésta por la voluntad de la sociedad.

House Ahora, estos sistemas gubernamentales en las últimas décadas del siglo XX, como muchos países del sur de Europa, abandonaron antiguas dictaduras extendiéndose el constitucionalismo por el Este de Europa y la Unión Soviética, desapareciendo así el “imperio comunista”, y en América Latina se instituyeron democracias constitucionales excluyendo así gobiernos militares y dictatoriales.

Sin embargo, son aún muchas las dudas que surgen al tratar de enmarcar  a la Democracia dentro de una realidad no muchas veces preparada e informada, una realidad que, tal vez encuentra en la Democracia una vía hacia la solución conveniente para todos.

Por ello resulta válido preguntarnos si es que la Democracia nace como respuesta en contraposición a la dictadura o la monarquía; o también, podríamos preguntarnos sobre cuál sería el sentido del principio “un hombre, un voto”, la de las elecciones periódicas, la libertad de expresión, la división de poderes, la representación política, los partidos políticos y el control judicial de la constitucionalidad.

A partir de la Constitución de los Estados Unidos, se genera una corriente ideológica basada en un sistema de normas escritas; a partir de ello, y como se vio en el post anterior, la Constitución genera un tope de poder al gobierno, este tope es el reconocimiento de los Derechos individuales de cada persona dentro de una sociedad, también es conocida como “rule of law”. Así también se reconoce la separación poderes dentro de la organización de un Estado y la protección de los Derechos frente a ellos, en ese sentido la Democracia, como “gobierno del pueblo”, genera un vínculo con la Constitución dentro de un Estado.

Políticamente, la Democracia se caracteriza en que la voluntad y la actividad del Estado es formada y ejercida por los ciudadanos que forman parte de él y el poder por parte del Estado se dirige al ciudadano en tanto que es sujeto del mismo, por ello se dice que el pueblo es soberano.

Rousseau sostenía la regla de la mayoría sobre la base de transformación de cada individuo, sobre en el que más tarde se incorporan presupuestos colectivistas, aspiraciones perfeccionistas y los méritos de la deliberación pública, en el Contrato Social, en el que se refiere a la soberanía del pueblo.

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Bibliografía:
NINO, Carlos Santiago. La constitución de la democracia deliberativa. Barcelona: Gedisa, 1997.
FORERO ORTIZ, Enrique. El Sufragio: Derecho y Función obligatoria. Bogotá:( s.n) 1964.

Derecho: El "problema" de interpretar

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En el Perú, el valor que un juez podría atribuir para cada caso podría ser interpretado de un forma en Lima y de otra en Ucayali o en Huánuco, por ejemplo; más aún si tenemos en cuenta que las costumbres o valores que se les atribuyen a los bienes podrían ser distintos para cada caso.

Library Ello sin contar aún aquellos espacios del territorio nacional donde no “llega” el Poder judicial”, como las zonas profundas en la selva, aquellas comunidades nativas, y/o comunidades campesinas alejadas. Por ello, se plantea un especial énfasis a la difícil o incluso problemática labor interpretativa del juez dentro de un Estado que se dice Constitucional.

El término “interpretar” se puede aplicar, aunque con distintos matices, a objetos diferentes. Pero cuando se habla de “interpretación jurídica”, o de “interpretación del Derecho”, el objeto de interpretación son textos o documentos jurídicos (leyes, reglamentos, tratados internacionales, testamentos, contratos, sentencias, actos administrativos, etc.), pues el Derecho se expresa a través del lenguaje.    

Al momento de dar sentido a los enunciados jurídicos se pueden presentar en confusiones de ambigüedad, lo que significa que pueden entenderse de varias maneras asumiendo significados distintos; por otro lado, sea que hayan términos descriptivos o conceptuales, éstos no siempre guían la construcción de un buen argumento, debido a que existen en ellos cierta vaguedad.

Además de ellos (sí, ambigüedad y vaguedad), hay otros problemas que obedecen a los contextos sistémico y funcional -para entrar un poco a “términos técnicos”-. Se trata de aquellos casos en los que el significado de los textos legales pueden ser unívocos y precisos, en donde aparecen problemas a propósito de la articulación del texto con otros ya existentes (así es, problemas de contexto sistémico); o respecto de la relación existente entre el texto y las finalidades a que él mismo ha de servir, o sea, problemas de adaptación del significado de los textos a las circunstancias, tal y como mencionamos líneas arriba, en las que han de ser aplicados (problemas de contexto funcional). Clock

Entonces, es válido preguntarnos cómo podría un Juez emitir una Sentencia  justa. Entendiendo “Justa” como aquellas interpretaciones de los hechos se han de encontrar acorde con lo que se establece en la demanda y lo establecido en el ordenamiento jurídico; además de ello, la decisión “justa” que aquí se asume se funda sobre el presupuesto de que no existe un único criterio idóneo que pueda constituir el punto de referencia para las valoraciones atinentes a la justicia de la decisión.

Es por esto último que el juez debe y puede recurrir a otras áreas para poder conseguir las herramientas necesarias. Podríamos afirmar que la justicia de una decisión asume la forma de una algoritmo que comprende y conecta tres órdenes de valores: a) la corrección de la elección y de la interpretación de la regla jurídica aplicable al caso; b) comprobación fiable de los hechos relevantes del caso; y c) empleo de un procedimiento válido y certero para llegar a la decisión. Pero para poder mantener un régimen jurídico durante el proceso, el legislador debe de apoyarse en valores guías que se rigen sobre las normas o leyes emitidas por el ordenamiento, a estos “guías” se les denomina también principios o reglas.

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Derecho: La Función social del Derecho

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El Artículo VII del Título Preliminar del Código Civil peruano, dictamina que “los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada en la demanda”, pero antes que los jueces apliquen lo establecido en la norma jurídica, existen en el transfondo temas aún imprecisos por abordar.

No podemos empezar sin antes mencionar los problemas que se desprenden de la función judicial que dictamina el Código Civil, en un país como el Perú, por ejemplo -o cualquier otro-, tan rico como diverso en muchos aspectos, especialmente el social, donde podemos fácilmente encontrar diferencias muy marcadas; que además mantienen un determinado perfil, como el de las vestimentas, lenguajes, danzas, etc., en los cuales el Derecho cumplirá su función social.

tableLa “función social del Derecho” hace referencia a la eficacia social de las normas jurídicas. Ahora, se trata de mostrar [Ferrari, 1980] las relaciones de interdependencia y dependencia entre las siguientes variables: 1) los fines del editor de las normas, ya sean proclamados o no, y considerando que quienes dictan las normas no son únicamente las instancias jurídicas formales, sino también los grupos de presión que influyen en ellas; 2) el contenido de la regulación jurídica; y 3) los efectos sociales producidos por la puesta en vigor de la norma.

Por otro lado, en el artículo V del título preliminar del código penal, también del Perú, se establece que “sólo el juez competente puede imponer penas o medidas de seguridad; y no puede hacerlo sino en la forma establecida en la ley”, por lo que los problemas que empiezan a plantearse nacen de un “factor social”, llamados problemas del contexto lingüístico debido a que el lenguaje jurídico es un tipo de lenguaje común y, por tanto, adolece de los mismos problemas de ambigüedad y vaguedad que afectan a éste; y deshacer la ambigüedad y vaguedad comporta una decisión discrecional, la diferencia que nos identifica como sociedad recae en el Derecho para que se haga efectiva su función.

Generalmente, los documentos normativos, es decir, las fuentes del Derecho, son formulados ya no en un lenguaje artificial –en el que todos los términos y todos los conectivos sintácticos estén rigurosamente definidos-, sino en un lenguaje natural, este lenguaje natural varía, como somos testigos día a día, según su significado o sentido que se le sea atribuido con el pasar del tiempo, debido a estas “variedades sociales” de las que somos parte.

Por lo tanto, los significados de las palabras y el sentido o interpretación que se le dé a determinadas expresiones cambian de tiempo en tiempo, así como las vestimentas, lenguajes, danzas, etc.

En el campo jurídico, desde el punto de vista del juez fiel a la ley, la interpretación se presenta como una actividad de conocimiento: interpretar es “averiguar” el “verdadero” significado de las leyes o la “verdadera” intención del legislador. Los problemas de interpretación, de esta manera, se presentan como origen o motivos de duda en torno al significado de la ley o a la intención del legislador”.

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