Derecho: Labor social del abogado

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El actual código de ética de 1997, establece en su artículo 7° lo siguiente:

“La profesión de abogado impone defender gratuitamente a los pobres, tanto cuando éstos se los soliciten como cuando recaigan nombramientos de oficio. No cumplir con este deber, desvirtúa la esencia misma de la abogacía. No rige esta obligación donde las leyes prevean la defensa gratuita de pobres.”

Como vemos, el principal asunto que asume este artículo es el compromiso del abogado y su relación con personas de bajos recursos económicos en tanto lo gratuito que debería de ser el servicio legal brindado para estas personas. Especialmente en nuestro país, donde la pobreza es mayoría, un sistema de justicia eficiente no se ve reflejado para este sector de la población, lo afirmamos debido a los costos que supone iniciar un proceso judicial, el reunir las pruebas, honorarios para el patrocinio debido, entre otros.

El acceso a la justicia de los sectores socialmente vulnerables es un tema pendiente en nuestra sociedad: el Estado no ha podido generar las condiciones desde su propio aparato institucional para cubrir tales necesidades, por lo que los abogados han asumido su propia responsabilidad al trabajar directamente con tales grupos marginados -e incluso desesperanzados- frente al valor de la Justicia, que se dice, impregna un Estado de Derecho como el chileno [o como el nuestro, el peruano].

Dalai En ese sentido, estas actividades probono no deben restringirse solamente a este sector de la población con escasos recursos económicos; sino que además, existen otros casos que pueden calificarse como actividades probono en donde debe se asuman “actividades de responsabilidad social, promover una modificación legislativa al sistema de seguridad social ante el Congreso, participar en seminarios y conferencias sobre asuntos jurídicos, plantear una acción para resolver un caso de incidencia pública, asesorar en asuntos no litigiosos, apoyar la labor de organizaciones que sirvan al interés público, siempre y cuando éstas se realicen gratuitamente.

Asimismo, debido a la naturaleza de las actividades probono, como dijimos en el post anterior, son comprendidas como aquellas que se realizan por el bien público, entonces pueden y deben hacerse extensivas también a las personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad, entre niños, mujeres víctimas de violencia familiar, la defensa de personas con discapacidad en casos de discriminación, la defensa de microempresarios en asuntos tributarios, o finalmente a ancianos; es decir, a aquellas que se encuentren afectadas directamente por asuntos de desventaja respecto a otras personas o frente a instituciones privadas y estatales. Como por ejemplo, en los casos de desalojo en el que el Estado posee la potestad de despojar a las personas de su propiedad y asignarles uno nuevo, ésto puede ocasionarles ciertos perjuicios respecto las condiciones del nuevo lugar asignado, así como el establecer nuevas condiciones de vida, de movilidad, etc.

Además de ello, otro caso que puede calificarse como una actividad probono encuentra su esencia en que la responsabilidad social del abogado supone asumir un rol activo y participativo también en la difusión del Derecho de cara a la ciudadanía; es decir, no basta con la sola aproximación del ciudadano a las entidades judiciales para solicitar justicia, sino que éste debe saber o al menos conocer lo básico para poder reclamar lo que le corresponde como parte de este sistema jurídico; esta difusión puede darse a través de la absolución de consultas de comunicación masivos, la participación de programas de capacitación ciudadana, la publicación de folletos informativos, entre otros medios educativos orientados a fomentar una educación cívica en la población.

Por lo que por ejemplo, una asesoría legal a una universidad privada y la participación en una charla sí podrían considerarse como actividades probono, claro, siempre y cuando éstas sean dadas de manera gratuita y con la finalidad de educar legalmente sobre el sistema jurídico a las personas que se beneficiarían de ella.

Ante esto último, la “Propuesta de normas de conducta y responsabilidad profesional del abogado”, replantea lo mencionado en el artículo 7 del actual código de ética, que citamos al comienzo de este punto, señalando que:

Artículo 97.- Es deber del abogado y de la organización profesional llevar a cabo acciones de responsabilidad social, las mismas que se puede materializar a través de algunas de las siguientes modalidades:

    1. Defensa gratuita

    2. Participación en políticas públicas

    3. Difusión del Derecho

El abogado con poder de dirección además debe propiciar que se generen las condiciones para que los demás abogados a su cargo puedan cumplir con su responsabilidad social.

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@diegoganoza

Bibliografía
GARAFULIK L., María Paz. FUNDACION PROBONO – COLOMBIA. “Responsabilidad social profesional de los abogados”.

[http://200.27.90.128/probono/php/opinionVer.php?id=69]

Propuesta de Normas de Conducta y Responsabilidad del Profesional en Derecho 2009.

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Derecho: El pro-bono de los abogados

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Las actividades pro-bono son comprendidas como aquellas que se realizan “por el bien público”, como bien se define en la “Declaración de trabajo pro-bono para el continente americano”. Estas actividades nacen para dar solución a diversos problemas que enfrenta el sistema de justicia como entidad pública y poder de Estado.

Entre estos problemas se encuentran la deficiente capacidad del Estado por resolver las necesidades legales de la población en situación de vulnerabilidad, sea por un tema de escasez de recursos, de marginación, de indefensión por motivo de edad, etc.; el escaso conocimiento por parte de la población sobre sus derechos y la manera de hacerlos valer, lo cual genera un desentendimiento entre ambos (la población y el Estado) al momento de establecer la idoneidad del Derecho, lo que a su vez crea desconfianza por parte de la población hacia éste; debilidad de los órganos gremiales (como el Colegio de Abogados) es que estos en general, no cuentan con esta tarea de vigilancia ética. 

TheKid-CharlesChaplin En ese sentido, respecto a la carrera de Derecho en sentido amplio, vemos que existe gente que estudia Derecho, pero no todas la practican o ejercen, debido a que ésta se presta para poder ejercer otras profesiones (el periodismo, por ejemplo); al mismo tiempo, entre quienes la practican, se distinguen en categorías más pequeñas como la Magistratura, la diplomacia, etc. Lo cual origina un campo competitivo más amplio de desempeño, consignándose de esta forma un estado de vulnerabilidad del Derecho, entendido como una profesión central a grandes intereses y a grandes factores de poder, cosa que no sucede con profesiones como la educación, la medicina o la sociología, que no están estrictamente en el vértice de las grandes decisiones sociales y políticas, en cambio el Derecho sí. Sea en el Poder Legislativo cuando hay que dar una ley o discutirla; o en contratos entre particulares. Todo esto hace que sea un profesión muy predispuesta a estar en el ojo de las tormentas.  

Sin embargo, dentro de este amplio campo de competitividad, muchas personas están convencidas de que el abogado que goce de más prestigio es aquel quien goza de una ética intachable, pues resulta contradictorio aceptar que aquel quien haya dedicado mucho esfuerzo y sacrificio a su labor académica sucumba ante un acto indebido (corrupción, entre otros). Un claro ejemplo acerca de esto último, es el arbitraje, cuyos profesionales del Derecho que gozan de buena reputación y buen ejercicio ético son convocadas por los clientes para formar parte de un Tribunal que resolverá determinados conflictos.  

Es así pues que el abogado y las instituciones profesionales del Derecho, dentro de este sistema de justicia, como vamos viendo, cargado de serios problemas, tienen como uno de sus objetivos el defender los derechos de las personas y la consolidación del Estado Constitucional de Derecho y la justicia; además que la profesión legal tiene un rol privilegiado y está posicionada de manera única en materia de acceso a la justicia y tiene la responsabilidad, los medios y la oportunidad de promover un sistema legal justo y equitativo, así como el respeto por los derechos humanos y constitucionales en colaboración con el estado, el poder judicial y las organizaciones no gubernamentales. Por todo ello, para atender las necesidades antes mencionadas y el rol que desempeña el Derecho, es que se dan las actividades de responsabilidad social del abogado.

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Bibliografía
BOZA DIBOS, Beatriz y CHOCANO DAVIS, Christian. “Responsabilidad social y pro bono. Más allá del fin de lucro”. En: Exposición de Motivos del Proyecto de Código de Ética y Responsabilidad del Profesional en Derecho. Lima. 2008.
DEL MASTRO, Fernando. “Pobreza legal y pobreza legal extrema: ¿Quiénes son los responsables?” En: Themis, revista editada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nro. 53. 2007.

Derecho: Problemas en la Democracia peruana

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Las instituciones estatales en el Perú han venido despreciándose a lo largo de la historia, recibiendo el descontento a través de críticas populares, tales como:

– Nuestra forma de gobierno, en tanto no es presidencial ni parlamentaria, si bien es cierto esto último ello no quiere decir que debamos acogernos necesariamente a un régimen dominante en los E.E.U.U. o alguno de Europa, nuestra historia nos ha dado una manera particular de crecer en república, no “copiando formas” sino, adaptándolas a nuestra realidad.

– La presidencia del consejo de ministros fue tildada de “copia francesa” e su constitución de 1958, sin reparar que ya se había dado una ley de ministros en 1856 y en nuestra constitución de 1933 la creara.

– Luego se acusa de demasía el número de parlamentarios que había en en la cámara de diputados (160 miembros) y en la del Senado (60 miembros), por ello en 1992 se creó la unicameralidad d 120 miembros consagrándola de ser un número más eficiente, si ello fuese así ¿por qué en reino unido, por ejemplo, el número de diputados es de 600?

El principio democrático, no sólo reconoce la soberanía popular y la supremacía constitucional; sino que implica que ello se proyecte como una realidad constante. Asimismo, la democracia se fundamenta en la aceptación de que la persona humana y su dignidad son el inicio y el fin del Estado, por lo que, su participación en la vida política, es indispensable para maximizar el respeto a la totalidad de sus derechos constitucionales (FJ 12).

yuyanapaq La crisis democrática es un problema formativo, la falta de análisis en los procesos gubernamentales a lo largo de la historia se ve reflejada en la educción actual, se forma a los ciudadanos a través de la memorización de sucesiones presidenciales sin realizar hincapié en el porqué de dichas intervenciones.

No se toman en cuenta los peores civiles tales como Ramón Castilla, Francisco de Paula Gonzáles Vigil, Pedro y José Galvez, Miguel Grau, José Luis Bustamante y Rivero. Ni las obras o los grandes debates en el parlamento, el ejercicio de interpelación y censura ministerial, los casos judiciales más trascendentes, etc.

El principio democrático se materializa bajo la figura de un concepto ideal de Nación, del sufragio (restringido) y de unos representantes que no son la traducción específica de la voluntad de los representados, sino que expresan la voluntad política ideal de la Nación. El principio democrático, entre otros factores, alude a la necesidad de que cada persona goce de la capacidad de participar en la vida política, económica, social y cultural de la Nación como titular de una suma de derechos (derecho de voto, referéndum, iniciativa legislativa, remoción, o revocación de autoridades, demanda de rendición de cuentas, expresión, reunión, etc.), y de forma asociada, a través de organizaciones orientadas a canalizar el pluralismo político (partidos políticos).

Asimismo, el referido principio se materializa en la participación política indirecta de la ciudadanía; es decir, a través de sus representantes libremente elegidos. La democracia representativa es el rasgo prevalente en nuestra Constitución (FJ 4, 19, 20, 22 y 23).

Entonces vemos que este vacío no sólo ha creado la desconfianza en nuestras instituciones y en sus representantes; sino, que además ha volcado el desinterés hacia ellos, aumentado la crisis en nuestra democracia participativa.

De esta forma el Tribunal Constitucional se manifiesta respecto a la democracia en el Perú, una democracia que busca constantemente el sistema de gobierno apropiado, los requerimientos para un sistema electoral válido, rol de los paridos políticos, la precondiciones de la descentralización que aumente el valor de la democracia e incluso poder definir el alcance legítimo del control judicial de constitucionalidad.

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Bibliografía:

PLANAS SILVA, Pedro. Democracia y Tradición constitucional en el Perú. Lima, Perú. 1998.

GACETA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (en línea), Estado social y democrático de derecho. El Principio Democrático. < http://gaceta.tc.gob.pe/jurisprudencia-sentencias.shtml?x=409>

NINO, Carlos Santiago. La constitución de la democracia deliberativa. Barcelona: Gedisa, 1997.

GACETA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (en línea), Principios constitucionales generales. Principio Democrático. <http://gaceta.tc.gob.pe/jurisprudencia-sentencias.shtml?x=1021 >

Derecho: La Constitución y la representatividad

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f. Der. Ley fundamental de un Estado que define el régimen básico de los derechos y libertades de los ciudadanos y los poderes e instituciones de la organización política”.

A inicios de la historia moderna, en Europa por ejemplo, las tierras estaban divididas por “tierras Feudales” en las que por ser de “propiedad privada”, contaban con su propio ejército y cuando el rey solicitaba ayuda, éstos acudían a su llamado. Incluso dentro de estos terrenos feudales existían sistemas económicos propios, pues no existía aún una noción integral de Estado, no había dentro del conjunto de señoríos una carta magna tal y como la entendemos hoy en día.

Logic No será hasta 1776, con la independencia de los Estados Unidos, y el nacimiento de su constitución escrita, con la que se gesta una nueva idea, una noción completamente distinta a lo que se concebía como Estado hasta aquel momento, y junto a él, el nuevo papel del hombre como fin supremo dentro de la sociedad, reflejando en ella la naturaleza humana, la relación entre el hombre y su gobierno.

Entre las diversas manifestaciones respecto a lo que se concibe como “Constitución”, muchos autores han podido encontrar puntos convergentes, como:
–    El qué significa una constitución como principios generales en un Estado, y no sólo la función que ésta pueda cumplir de él como reguladora de conductas.
–    Asimismo, la comprensión cabal de una Constitución como norma suprema y no por cada una de sus partes por separado, interpretándola por separado, llegando a generar jerarquías dentro de ella.
–    Debido a que una Constitución existe en tanto la sociedad la considera como tal, entonces el concepto de ella irá más allá de una concepción jurídico-constitucional y en ella se verá reflejada las concepciones sobre la realidad social del mismo Estado.
–    Siendo una sociedad, una realidad social cambiante y dinámica, corresponde a la Constitución formar o establecer un orden permanente y estático de la vida estatal.
–    La Constitución no deberá extenderse como un instrumento de lucha política, debido, posiblemente a sus concepciones científico-jurídicas; sino que, deberá concebirse como un “modo de existencia política”, un Derecho para la política.

Dentro de ello y la más usual connotación, es que la Constitución nos permite ejercer nuestro Derecho de “representatividad” y mediante la cual manifestamos nuestros regímenes como sociedad (como sistema de gobierno, división de poderes, garantías constitucionales, etc.), mediante ella se ejercemos la función legisladora, la de crear normas a través de los órganos superiores del Estado.

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Bibliografía
WERNER, Naef. La Estructura Histórica del Estado Moderno. “la idea del Estado en la Edad Moderna”.     Madrid. Aguilar. 1973.
EPSTEIN, Richard A. El Interés Propio y la Constitución.

De la Administración Pública, su gentita.

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En la edición número 43 del 2010, de la revista del Colegio de Politólogos y IMG-20111014-00030Sociólogos de Cataluña, Àmbits, cuyo tema central es “La administración pública: entre la política y la sociedad”; se realiza una entrevista al profesor Carles Ramió.  Ésta gira entorno a las problemáticas que afronta la administración pública en Cataluña, y su crítica –constructiva- sobre ellas.

Aquí comparto con ustedes parte de esta entrevista –es de mi entera responsabilidad algún error en su traducción-, ya que coincido  con –y por lo mismo, me parecen acertadas- algunas de sus observaciones. Considero además, que bien podrían ser tomadas en cuenta por otras organizaciones en donde bien nos terminan arruinando el día por su extrema ineficacia y cuyo personal goza de una actitud altanera injustificada.

¿Cuál es, hoy en día, el estado de salud de las Administraciones Públicas catalanas?
El estado de salud de las Administraciones Públicas catalanas es bueno y malo a la vez. Por un lado son eficaces y ofrecen unos servicios públicos de calidad. Cuando al ciudadano se le pregunta sobre los servicio en concreto que reciben, se muestran satisfechos, y así lo valoran en las encuestas. Por otro lado, sin embargo, no está claro que estas administraciones sean eficientes. Eso se debe a un problema estructural de falta de productividad que afecta Cataluña y al conjunto del Estado, tanto el sector público como el privado. Hacer que las Administraciones Públicas sean más competitivas es uno de los principales retos que tenemos actualmente. (Subrayado mío).

¿Esta debilidad se podría solucionar reduciendo el número de empleados públicos?
Yo no creo que haya demasiados empleados públicos. Si nos comparamos con países de nuestro entorno, observaremos que todos tienen más empleados públicos por habitante que nosotros. Hay que tener en cuenta que las dimensiones de nuestras Administraciones Públicas están pensadas para atender a seis millones de habitantes, y ahora ya son siete, por lo tanto, es inevitable que el volumen de funcionarios crezca. Además, casi todos los servicios que prestan –básicamente vinculados  a la salud, a la enseñanza y a los servicios sociales- son directos, cosa que obliga a hacer nuevas contrataciones.

¿Cuál es, entonces, la causa de esta ineficiencia?
Los empleados públicos han ido acumulando con el tiempo, un conjunto de derechos absolutamente desmesurados, de manera que trabajan muchas menos horas que los del sector privado. Algunos estudios demuestran que, entre vacaciones, días de asuntos propios, bajas por maternidad o paternidad y medidas para la conciliación de la vida personal y profesional, esta diferencia es de unas doscientas horas. Una buena fórmula para resolver esta cuestión sería un pacto entre los sindicatos y los diferentes partidos políticos, que se redujera estos excesos de derechos y lograr así aumentar la productividad. Otro mecanismo, podría ser la evaluación del desempeño, a través de incentivos positivos, como los que se utilizan para que el profesorado universitario incremente la productividad en la investigación; y negativos que aún nadie nunca se ha atrevido a establecer.  (Subrayado mío).

¿Piensa que hay suficiente cultura de servicio público en las Administraciones Públicas catalanas? ¿o bien, predomina la cultura empresarial, quizá más propia del talante catalán?
En Cataluña no hay una cultura de servicio público, y aún menos unos valores institucionales comunes a toda la Administración de la Generalitat. Aquí tenemos culturas departamentales totalmente fragmentadas; es decir, con unos lenguajes y símbolos que son específicos a cada departamento y no están articulados de manera conjunta para
toda la institución. Cuando los nuevos efectivos entran en la función pública, lo hacen muchas veces por motivaciones ajenas a una vocación de servicio público y la forma de hacer oposiciones (evaluación que han de pasar las personas que quieran trabajar para el Estado) tampoco los socializa con estos valores. Es por eso que yo siempre he creído que la formación de entrada es el gran momento de socializarlos con los valores públicos y con los valores institucionales.

En las conferencias acostumbro a decir en broma que para entrar a trabajar a la Administración Pública se ha de estar enamorado de los valores públicos. Nada más así, se está al servicio de los conciudadanos y se defiende el interés público. Aunque evidentemente  nunca lo podré hacer, porque vulneraría los principios de igualdad, capacidad y mérito. Yo pondría un test del amor como prueba selectiva. Y si los funcionarios no entran enamorados, lo que debemos de hacer es conseguir que se enamoren por medio de la formación de entrada, de un proyecto de formación permanente y de acompañamiento institucional. (Subrayado mío).

IMG-20111014-00029¿Qué otras carencias ve en las Administraciones Públicas catalanas?
Otro problema, aún más preocupante, es la falta de madurez institucional provocada por una falta de tradición de nuestras Administraciones Públicas, aún muy jóvenes, y una cultura política en nuestro país de carácter heterodoxo. Ésta se hace evidente en el elevado grado de rotación de los subdirectores y subdirectoras generales, funcionarios de carrera pero elegidos por criterios de libre designación. Dado que se trata de lugares de confianza política, existe la idea absolutamente perversa que todo cambio –ya no de partido político en el gobierno, sino de alto cargo- implica la renovación de la mayor parte de estos efectivos, con independencia de su valía profesional, para poder ubicar a los propios conocidos y clientelas. Éste es un error gravísimo, ya que es precisamente en este ámbito estratégico de la Administración, de rótula entre los niveles político y profesional, donde se reúne más conocimiento y fortaleza institucional. (Subrayado mío).

¿De qué manera se pondría remedio?
Personalmente, considero que estos no deberían ser lugares de confianza política, sino de desconfianza política. Los cambios, nada más, estarían justificados en aquellos casos que el profesional hubiera sido contaminado por la opción política anterior y, en consecuencia, bloqueara las políticas públicas que actualmente se quieren implementar. Una buena regulación del directivo público acabaría con esta práctica, pero eso implicaría establecer un conjunto de límites que la clase política, ahora por ahora, no está dispuesta a autoimponerse.

(…)

Viendo que las plazas dirigidas a politólogos y sociólogos son aún escasas, ¿cree que sería buena idea la creación de unos cuerpos específicos mediante los ámbitos funcionales que faciliten la incorporación de estas titulaciones en la Administración Pública?
En primer lugar, debemos entender que para trabajar para la Administración Pública no hay que ser funcionario. El sector público es muy amplio: dentro están las empresas públicas, los consorcios, los organismos autónomos, el sistema parapúblico, etc. Es aquí donde trabaja la mayor parte de los empleados públicos. Cuando el politólogo que quiere ser el funcionario clásico, tiene la opción de entrar al cuerpo superior de carácter general. Crear un cuerpo específico reservado únicamente para politólogos y sociólogos sería una estrategia corporativa de carácter antiguo que a la larga nos perjudicaría, porque las plazas ofertadas serían  muy pocas. Nosotros, de acuerdo con nuestra polivalencia, debemos aspirar a ocupar varios lugares de trabajos diferentes.

Lo que sí es cierto es que las administraciones deberían de ir cambiando el contenido de los temarios, introduciendo materias más afines a nuestras licenciaturas, como temas de gestión y de políticas o temas de carácter social. No tanto porque favorezca a los politólogos y sociólogos, sino porque a las Administraciones les falta este perfil no tan hiperespecializado, y mucho más multidisciplinario y transversal.

 

Para más información acerca de la carrera, teorías, artículos y demás, del profesor Ramió, bien podrían googlear, o visitar el blog de nuestros amigos de eadminblog.net, que poseen varios interesantes artículos sobre las propuestas y temas que rodean el presente post.

Finalmente, sólo me gustaría acotar que, si bien es cierto que cada gobierno, cada administración es distinta según la realidad social en la que se desenvuelva, quisiera jugármela proponiendo que las necesidades respecto a esto, en cada uno de nosotros -en el fondo- son las mismas: esperamos eficacia y eficiencia por parte de los organismos gubernamentales para con la viabilidad y buen funcionamiento del sistema administrativo. Un claro compromiso por parte de sus agentes como de nosotros, sus usuarios, es fundamental para echar la máquina a andar.

@diegoganoza 

Martes, el espíritu de la semana.

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He comenzado a trabajar nuevamente –como dependiente en tiempo parcial-, por lo que el tiempo se me ha acortado un poco, al mismo tiempo que quiero lanzar una Consultora de temas legales para peruanos residentes en Barcelona –que por cierto agradecería su difusión-.

En esta semana ConcienciaElectiva me ha brindado un espacio y ha publicado un artículo de quién les escribe, un poco de política de los que siempre esperamos en momentos justos, cuando no tenemos otra salida más que juntar esfuerzos y vernos forzados a compatibilizar ideas y objetivos. Yo me pregunto qué pasaría si no esperáramos a realizar esto del último momento. Más que seguro que los resultados fuesen distintos –y tal vez mejor- para todos. Les invito a darle un vistazo.

Termino este post haciendo mención también que he abierto una cuenta en Tumblr, Blog diseñado para gente que maneja el Iphone y demás: publicaré cosas que pasen por ahí y que me encuentre en el Explorer.

 

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