El actual código de ética de 1997, establece en su artículo 7° lo siguiente:

“La profesión de abogado impone defender gratuitamente a los pobres, tanto cuando éstos se los soliciten como cuando recaigan nombramientos de oficio. No cumplir con este deber, desvirtúa la esencia misma de la abogacía. No rige esta obligación donde las leyes prevean la defensa gratuita de pobres.”

Como vemos, el principal asunto que asume este artículo es el compromiso del abogado y su relación con personas de bajos recursos económicos en tanto lo gratuito que debería de ser el servicio legal brindado para estas personas. Especialmente en nuestro país, donde la pobreza es mayoría, un sistema de justicia eficiente no se ve reflejado para este sector de la población, lo afirmamos debido a los costos que supone iniciar un proceso judicial, el reunir las pruebas, honorarios para el patrocinio debido, entre otros.

El acceso a la justicia de los sectores socialmente vulnerables es un tema pendiente en nuestra sociedad: el Estado no ha podido generar las condiciones desde su propio aparato institucional para cubrir tales necesidades, por lo que los abogados han asumido su propia responsabilidad al trabajar directamente con tales grupos marginados -e incluso desesperanzados- frente al valor de la Justicia, que se dice, impregna un Estado de Derecho como el chileno [o como el nuestro, el peruano].

Dalai En ese sentido, estas actividades probono no deben restringirse solamente a este sector de la población con escasos recursos económicos; sino que además, existen otros casos que pueden calificarse como actividades probono en donde debe se asuman “actividades de responsabilidad social, promover una modificación legislativa al sistema de seguridad social ante el Congreso, participar en seminarios y conferencias sobre asuntos jurídicos, plantear una acción para resolver un caso de incidencia pública, asesorar en asuntos no litigiosos, apoyar la labor de organizaciones que sirvan al interés público, siempre y cuando éstas se realicen gratuitamente.

Asimismo, debido a la naturaleza de las actividades probono, como dijimos en el post anterior, son comprendidas como aquellas que se realizan por el bien público, entonces pueden y deben hacerse extensivas también a las personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad, entre niños, mujeres víctimas de violencia familiar, la defensa de personas con discapacidad en casos de discriminación, la defensa de microempresarios en asuntos tributarios, o finalmente a ancianos; es decir, a aquellas que se encuentren afectadas directamente por asuntos de desventaja respecto a otras personas o frente a instituciones privadas y estatales. Como por ejemplo, en los casos de desalojo en el que el Estado posee la potestad de despojar a las personas de su propiedad y asignarles uno nuevo, ésto puede ocasionarles ciertos perjuicios respecto las condiciones del nuevo lugar asignado, así como el establecer nuevas condiciones de vida, de movilidad, etc.

Además de ello, otro caso que puede calificarse como una actividad probono encuentra su esencia en que la responsabilidad social del abogado supone asumir un rol activo y participativo también en la difusión del Derecho de cara a la ciudadanía; es decir, no basta con la sola aproximación del ciudadano a las entidades judiciales para solicitar justicia, sino que éste debe saber o al menos conocer lo básico para poder reclamar lo que le corresponde como parte de este sistema jurídico; esta difusión puede darse a través de la absolución de consultas de comunicación masivos, la participación de programas de capacitación ciudadana, la publicación de folletos informativos, entre otros medios educativos orientados a fomentar una educación cívica en la población.

Por lo que por ejemplo, una asesoría legal a una universidad privada y la participación en una charla sí podrían considerarse como actividades probono, claro, siempre y cuando éstas sean dadas de manera gratuita y con la finalidad de educar legalmente sobre el sistema jurídico a las personas que se beneficiarían de ella.

Ante esto último, la “Propuesta de normas de conducta y responsabilidad profesional del abogado”, replantea lo mencionado en el artículo 7 del actual código de ética, que citamos al comienzo de este punto, señalando que:

Artículo 97.- Es deber del abogado y de la organización profesional llevar a cabo acciones de responsabilidad social, las mismas que se puede materializar a través de algunas de las siguientes modalidades:

    1. Defensa gratuita

    2. Participación en políticas públicas

    3. Difusión del Derecho

El abogado con poder de dirección además debe propiciar que se generen las condiciones para que los demás abogados a su cargo puedan cumplir con su responsabilidad social.

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@diegoganoza

Bibliografía
GARAFULIK L., María Paz. FUNDACION PROBONO – COLOMBIA. “Responsabilidad social profesional de los abogados”.

[http://200.27.90.128/probono/php/opinionVer.php?id=69]

Propuesta de Normas de Conducta y Responsabilidad del Profesional en Derecho 2009.

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