Derecho: Capacidad en las personas jurídicas

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A lo largo del tiempo, la historia da cuenta de que el hombre se ha encontrado en la necesidad de reunirse en asociaciones de diversas índoles con el fin de establecer o crear obras duraderas de acuerdo al fin u objetivo que se persiga, ejemplo de ello son las sociedades, asociaciones políticas, religiosas, científicas, etc.

Este fin común abstraído se concreta en una unidad, por la que se ejerce y protege los efectos jurídicos de la misma, asegurando de esta forma que la muerte o fin de una de las personas o el posible interés propio de alguno de los individuos no afecte la consecución del interés común, por lo que se hace necesario que el ordenamiento reconozca en la personalidad de la persona jurídica la capacidad para poder adquirir o ejercitar derechos y obligaciones por sí misma.

Por ejemplo, en la legislación chilena, en el artículo 545 del Título XXXIII, De las personas jurídicas, del código civil, se reconoce a la persona jurídica como

Art. 545.- Se llama persona jurídica a una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente.

Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública.

Hay personas jurídicas que participan de uno u otro carácter.

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Reconociéndoles de por sí su esencia ficticia y capacidad para ser titular de Derechos y obligaciones, a diferencia de lo establecido en la legislación peruana en la que, según lo regulado en los artículos 76 y 77 del Título I, de la Sección Segunda, del código civil se determina que:

Art. 76.- La existencia, capacidad, régimen, derechos, obligaciones y fines de la persona jurídica, se determinan por las disposiciones del presente Código o de las leyes respectivas.

La persona jurídica de derecho público interno se rige por la ley de su creación.

Art. 77.- La existencia de la persona jurídica de derecho privado comienza el día de su inscripción en el registro respectivo, salvo disposición distinta de la ley.

La eficacia de los actos celebrados en nombre de la persona jurídica antes de su inscripción queda subordinada a este requisito y a su ratificación dentro de los tres meses siguiente de haber sido inscrita.

Si la persona jurídica no se constituye o no se ratifican los actos realizados en nombre de ella, quienes los hubieran celebrados, son ilimitada y solidariamente responsables frente a terceros.

Donde se le reconoce existencia y capacidad al ente a partir de su inscripción en los registros; sin embargo, ello no siempre es así, debido a que éste ya posee la facultad de ejercer actos jurídicos desde antes de su inscripción, con un plazo establecido de tres meses, ello a diferencia de lo determinado en la legislación argentina, además de ser mucho más específica en sus consideraciones, establece la existencia y por lo tanto capacidad de las personas jurídicas, los artículos 31 y 32, establecen que:

Art. 31. Las personas son de una existencia ideal o de una existencia visible. Pueden adquirir los derechos, o contraer las obligaciones que este código regla en los casos, por el modo y en la forma que él determina. Su capacidad o incapacidad nace de esa facultad que en los casos dados, les conceden o niegan las leyes.

Art. 32. Todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligaciones, que no son personas de existencia visible, son personas de existencia ideal, o personas jurídicas.

La capacidad otorgada por el ordenamiento argentino no condiciona de ningún modo el tiempo sobre el cual la persona jurídica comienza a poseer tales condiciones.

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Bibliografía

COVIELLO, Nicolás. 1938 Doctrina general del derecho civil, México, D.F.: Uteha. 

LIRA URQUIETA, Pedro. 1961 Código civil de Chile. Madrid: Inst. de Cultura Hispánica.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA – ARGENTINA. 1969 “Código Civil de la Nación” [en línea] Código Civil

<http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/109481/texactley340_libroI_S1_tituloI.htm&gt;

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Derecho: Persona y personalidad jurídica

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Empezaremos apoyándonos sobre la base de lo pensado como Sujetos de Derecho, entendidos como entes o centros de atribuciones de deberes y derechos, adscribibles siempre y en última instancia a la vida humana, establecido en el Libro I del Código Civil peruano, en el que se considera como tales al Concebido, a las Personas Individuales (personas naturales), a las Personas Colectivas (personas Jurídicas) y a las organizaciones no inscritas.

Por otro lado, podemos observar algunos ejemplos para la definición de persona, como la legislación argentina, en la que en el artículo 30 del Título I, De las personas jurídicas, del Código Civil, define a la persona como “Art. 30.- Son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligaciones”.

INDIA-10680NF2, Young Boy Selling Flowers, India, 1993 Queda claro que la legislación argentina nos brinda una definición bastante amplia, y por lo tanto no muy bien definida (entiéndase específica) acerca de quiénes son consideradas “personas”, así como los requisitos de condición para ser poseedores de tales Derechos y/o obligaciones. A diferencia por lo establecido por el Código Civil chileno, en el que establece en su artículo 55, del Título I, De las personas en cuanto su nacionalidad y domicilio, que “Art. 55.- Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. Divídanse en chilenos y extranjeros”.

En el que se centra el concepto de persona al de individuo humano; es decir, considerado como tal al Hombre en su sentido amplio; asimismo, y siendo más especifico aún en su nominación, el artículo 8 del Código civil francés, siendo el Libro Primero sobre las personas, nos dice que “Art. 8.- (Ley del 26 de junio de 1889). Todo francés gozará de los derechos civiles”.

Por lo que cataloga, sin distinción de por medio, al francés, entendido como ciudadano, como aquel titular de derechos civiles per se.

Se suele tomar por igual o –quizá- confundir los conceptos de Persona y Hombre debido a que el Derecho responde a la realidad del ser humano; por ello, dentro de las teorías que tratan de definir la naturaleza jurídica de la Persona diferente al de Hombre, nos inclinaremos, por la teoría Formalista, entendida por Francisco Ferrara, en tanto que el hombre es una realidad fisio-antropológica o un punto de vista teológico-filosófico; la persona, en cambio, es una cualidad abstracta, ideal, proporcionada por la capacidad jurídica “y no resultante de la individualidad corporal y psíquica”. El hombre es persona, en el Derecho, sólo en cuanto es reconocido como ente jurídico, dotado de derechos subjetivos.

La persona en sentido técnico-jurídico significa sujeto de derechos y, por ser una mera categoría jurídica, no implica ninguna condición de corporalidad o espiritualidad en el investido. Ser persona no supone un derecho sino una situación jurídica, un “status”, un punto de reunión de derechos subjetivos.

En cualquiera de las expresiones dadas por la legislación, la concepción de Sujeto de Derecho, siempre quedará adscrita a la vida humana, al desarrollo de ésta dentro de la sociedad; por lo que siempre será válida a partir de que se haga referencia a cualquiera de sus circunstancias, es así que se establece la diferencia entre el concepto de Persona y Sujeto de Derecho, siendo este último inclusivo del anterior; es decir, no todo Sujeto de Derecho es Persona; sin embargo, toda Persona es Sujeto de Derecho, ya sea desde su concepción hasta su nacimiento (Título I del Código Civil peruano), durante su desarrollo como persona individual o colectiva (Títulos II, III, IV, V y VI del Código Civil peruano)  hasta su muerte o fin (Título VII del Código Civil peruano).

La cualidad atribuida, por el ordenamiento jurídico, a la persona es la personalidad, la que se ve  plasmada en una abstracción, mediante la cual se otorga la aptitud para ser sujeto de Derecho y por lo tanto pueda realizar actos jurídicos dentro de la sociedad; es decir, la personalidad que es atribuida al Sujeto de Derecho, es el producto de este mismo orden jurídico y surge por el reconocimiento del Derecho objetivo, en tanto que el hombre es persona no por naturaleza, sino por el Derecho.

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Bibliografìa
FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. 1962. La noción jurídica de persona. Lima, San Marcos.
FERRARA, Francisco. 1929. Teoría de las personas jurídicas. Madrid, Reus.
ESPINOZA ESPINOZA, Juan. 2001. Derecho de las Personas. Lima, Huallaga Editorial.

Viajes: Barcelona

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Hola!
Después de una semana muy cargada para mí. Por fin puedo escribirles. Hubo muchas visitas la semana pasada en el Blog, y eso me anima de sobremanera. Me gustaría que me dejen comentarios sobre los temas que trato y podamos crear una especie de “feedback”, diálogo entre nosotros.

A continuación, y para darle nuevos aires a los post, quiero compartir con ustedes un pequeño video. Un video que trata sobre la ciudad que vivo actualmente: Barcelona. Este video está hecho por Piero. Espero que le den un vistazo, y se suscriban al canal. Hay un video nuevo cada domingo. No se los pierdan.

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Derecho: Labor social del abogado

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El actual código de ética de 1997, establece en su artículo 7° lo siguiente:

“La profesión de abogado impone defender gratuitamente a los pobres, tanto cuando éstos se los soliciten como cuando recaigan nombramientos de oficio. No cumplir con este deber, desvirtúa la esencia misma de la abogacía. No rige esta obligación donde las leyes prevean la defensa gratuita de pobres.”

Como vemos, el principal asunto que asume este artículo es el compromiso del abogado y su relación con personas de bajos recursos económicos en tanto lo gratuito que debería de ser el servicio legal brindado para estas personas. Especialmente en nuestro país, donde la pobreza es mayoría, un sistema de justicia eficiente no se ve reflejado para este sector de la población, lo afirmamos debido a los costos que supone iniciar un proceso judicial, el reunir las pruebas, honorarios para el patrocinio debido, entre otros.

El acceso a la justicia de los sectores socialmente vulnerables es un tema pendiente en nuestra sociedad: el Estado no ha podido generar las condiciones desde su propio aparato institucional para cubrir tales necesidades, por lo que los abogados han asumido su propia responsabilidad al trabajar directamente con tales grupos marginados -e incluso desesperanzados- frente al valor de la Justicia, que se dice, impregna un Estado de Derecho como el chileno [o como el nuestro, el peruano].

Dalai En ese sentido, estas actividades probono no deben restringirse solamente a este sector de la población con escasos recursos económicos; sino que además, existen otros casos que pueden calificarse como actividades probono en donde debe se asuman “actividades de responsabilidad social, promover una modificación legislativa al sistema de seguridad social ante el Congreso, participar en seminarios y conferencias sobre asuntos jurídicos, plantear una acción para resolver un caso de incidencia pública, asesorar en asuntos no litigiosos, apoyar la labor de organizaciones que sirvan al interés público, siempre y cuando éstas se realicen gratuitamente.

Asimismo, debido a la naturaleza de las actividades probono, como dijimos en el post anterior, son comprendidas como aquellas que se realizan por el bien público, entonces pueden y deben hacerse extensivas también a las personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad, entre niños, mujeres víctimas de violencia familiar, la defensa de personas con discapacidad en casos de discriminación, la defensa de microempresarios en asuntos tributarios, o finalmente a ancianos; es decir, a aquellas que se encuentren afectadas directamente por asuntos de desventaja respecto a otras personas o frente a instituciones privadas y estatales. Como por ejemplo, en los casos de desalojo en el que el Estado posee la potestad de despojar a las personas de su propiedad y asignarles uno nuevo, ésto puede ocasionarles ciertos perjuicios respecto las condiciones del nuevo lugar asignado, así como el establecer nuevas condiciones de vida, de movilidad, etc.

Además de ello, otro caso que puede calificarse como una actividad probono encuentra su esencia en que la responsabilidad social del abogado supone asumir un rol activo y participativo también en la difusión del Derecho de cara a la ciudadanía; es decir, no basta con la sola aproximación del ciudadano a las entidades judiciales para solicitar justicia, sino que éste debe saber o al menos conocer lo básico para poder reclamar lo que le corresponde como parte de este sistema jurídico; esta difusión puede darse a través de la absolución de consultas de comunicación masivos, la participación de programas de capacitación ciudadana, la publicación de folletos informativos, entre otros medios educativos orientados a fomentar una educación cívica en la población.

Por lo que por ejemplo, una asesoría legal a una universidad privada y la participación en una charla sí podrían considerarse como actividades probono, claro, siempre y cuando éstas sean dadas de manera gratuita y con la finalidad de educar legalmente sobre el sistema jurídico a las personas que se beneficiarían de ella.

Ante esto último, la “Propuesta de normas de conducta y responsabilidad profesional del abogado”, replantea lo mencionado en el artículo 7 del actual código de ética, que citamos al comienzo de este punto, señalando que:

Artículo 97.- Es deber del abogado y de la organización profesional llevar a cabo acciones de responsabilidad social, las mismas que se puede materializar a través de algunas de las siguientes modalidades:

    1. Defensa gratuita

    2. Participación en políticas públicas

    3. Difusión del Derecho

El abogado con poder de dirección además debe propiciar que se generen las condiciones para que los demás abogados a su cargo puedan cumplir con su responsabilidad social.

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@diegoganoza

Bibliografía
GARAFULIK L., María Paz. FUNDACION PROBONO – COLOMBIA. “Responsabilidad social profesional de los abogados”.

[http://200.27.90.128/probono/php/opinionVer.php?id=69]

Propuesta de Normas de Conducta y Responsabilidad del Profesional en Derecho 2009.

Derecho: El pro-bono de los abogados

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Las actividades pro-bono son comprendidas como aquellas que se realizan “por el bien público”, como bien se define en la “Declaración de trabajo pro-bono para el continente americano”. Estas actividades nacen para dar solución a diversos problemas que enfrenta el sistema de justicia como entidad pública y poder de Estado.

Entre estos problemas se encuentran la deficiente capacidad del Estado por resolver las necesidades legales de la población en situación de vulnerabilidad, sea por un tema de escasez de recursos, de marginación, de indefensión por motivo de edad, etc.; el escaso conocimiento por parte de la población sobre sus derechos y la manera de hacerlos valer, lo cual genera un desentendimiento entre ambos (la población y el Estado) al momento de establecer la idoneidad del Derecho, lo que a su vez crea desconfianza por parte de la población hacia éste; debilidad de los órganos gremiales (como el Colegio de Abogados) es que estos en general, no cuentan con esta tarea de vigilancia ética. 

TheKid-CharlesChaplin En ese sentido, respecto a la carrera de Derecho en sentido amplio, vemos que existe gente que estudia Derecho, pero no todas la practican o ejercen, debido a que ésta se presta para poder ejercer otras profesiones (el periodismo, por ejemplo); al mismo tiempo, entre quienes la practican, se distinguen en categorías más pequeñas como la Magistratura, la diplomacia, etc. Lo cual origina un campo competitivo más amplio de desempeño, consignándose de esta forma un estado de vulnerabilidad del Derecho, entendido como una profesión central a grandes intereses y a grandes factores de poder, cosa que no sucede con profesiones como la educación, la medicina o la sociología, que no están estrictamente en el vértice de las grandes decisiones sociales y políticas, en cambio el Derecho sí. Sea en el Poder Legislativo cuando hay que dar una ley o discutirla; o en contratos entre particulares. Todo esto hace que sea un profesión muy predispuesta a estar en el ojo de las tormentas.  

Sin embargo, dentro de este amplio campo de competitividad, muchas personas están convencidas de que el abogado que goce de más prestigio es aquel quien goza de una ética intachable, pues resulta contradictorio aceptar que aquel quien haya dedicado mucho esfuerzo y sacrificio a su labor académica sucumba ante un acto indebido (corrupción, entre otros). Un claro ejemplo acerca de esto último, es el arbitraje, cuyos profesionales del Derecho que gozan de buena reputación y buen ejercicio ético son convocadas por los clientes para formar parte de un Tribunal que resolverá determinados conflictos.  

Es así pues que el abogado y las instituciones profesionales del Derecho, dentro de este sistema de justicia, como vamos viendo, cargado de serios problemas, tienen como uno de sus objetivos el defender los derechos de las personas y la consolidación del Estado Constitucional de Derecho y la justicia; además que la profesión legal tiene un rol privilegiado y está posicionada de manera única en materia de acceso a la justicia y tiene la responsabilidad, los medios y la oportunidad de promover un sistema legal justo y equitativo, así como el respeto por los derechos humanos y constitucionales en colaboración con el estado, el poder judicial y las organizaciones no gubernamentales. Por todo ello, para atender las necesidades antes mencionadas y el rol que desempeña el Derecho, es que se dan las actividades de responsabilidad social del abogado.

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Bibliografía
BOZA DIBOS, Beatriz y CHOCANO DAVIS, Christian. “Responsabilidad social y pro bono. Más allá del fin de lucro”. En: Exposición de Motivos del Proyecto de Código de Ética y Responsabilidad del Profesional en Derecho. Lima. 2008.
DEL MASTRO, Fernando. “Pobreza legal y pobreza legal extrema: ¿Quiénes son los responsables?” En: Themis, revista editada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nro. 53. 2007.

Educación: Liberalismo educativo

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La corriente del Liberalismo nace para ir en contra del absolutismo y despotismo, durante el siglo XIX. Es a razón de los abusos y malas gestiones que ocasiona el poder concentrado en una sola persona o ente, que hace que la masa generacional se vuelque en contra de ella y renazca una nueva forma de hacer las cosas, una nueva forma de control y poder político. Nace pues la Democracia, y tras ella los conceptos de Estados de Derecho, Igualdad ante la ley, libertad individual, Constitución, y República.
Sus características principales son:

– El individualismo, que considera al individuo primordial, como persona única y en ejercicio de su plena libertad, por encima de todo aspecto colectivo.

– La libertad como un derecho inviolable que se refiere a diversos aspectos: libertad de pensamiento, de expresión, de asociación, de prensa, etc., cuyo único límite consiste en la libertad de los demás, y que debe constituir una garantía frente a la intromisión del gobierno en la vida de los individuos.

– El principio de igualdad entre las personas, entendida en lo que se refiere a diversos campos jurídico y político. Es decir, para el liberalismo, todos los ciudadanos son iguales ante la ley y ante el Estado.

– El derecho a la propiedad privada como fuente de desarrollo e iniciativa individual, y como derecho inalterable que debe ser salvaguardado y protegido por la ley.

– El establecimiento de códigos civiles, constituciones, e instituciones basadas en la división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y en la discusión y solución de los problemas por medio de asambleas y parlamentos.

– La tolerancia religiosa en un Estado laico.

DeskSeñalamos que todos somos partícipes de la cultura educativa. Sea cual sea nuestra labor o profesión, todos generamos nuevas formas de aprender, todos somos capaces de enseñar algo y de compartirlo, de desarrollar prácticas educativas, ya que ella es una práctica -valga la redundancia- compartida. Los profesores, desarrollan la práctica educativa como profesión. Pues educar significa “imprimir” en cada una de las personas un camino hacia la ciudadanía, hacia la cultura y hacia la forma de ser “buenos” seres humanos.

Y en el camino, en la historia, cada práctica educativa se va depurando, se va seleccionando la que mejor se acomoda a un determinado contexto y va prevaleciendo una sobre otra, se va ejerciendo un tipo de poder. Un poder entendido como la capacidad de influir en el pensamiento del otro. Las propuestas que en un momento de necesidad nos significan más útiles o importantes, poseen más posibilidades de llevarse a cabo.  

Afirmamos entonces que, a grandes rasgos, las teorías educativas son postulados que se originan en un determinado contexto social y que nos conducen a una nueva metodología para un aprendizaje más eficaz. Es así, que lo que sabemos en el mundo de la Educación es un conjunto de aportaciones teóricas y prácticas que han venido desarrollándose en diversas etapas y contextos, que no se agotan en los pensamientos ni en el dominio para desarrollarse en la práctica, sino que además forman parte de nuestras utopías, proyectos, ilusiones, etc. Que nos mueven a seguir buscando puertas de desarrollo y nuevas realidades.

“Makarenko, por ejemplo, elaboró su pedagogía en una sociedad de posguerra y para niños abandonados, en la creencia fundamental de que con el respeto a la espontaneidad no se podía construir el hombre nuevo que había alumbrado la revolución rusa de 1917. Freire piensa y crea una práctica educativa para los adultos del mundo más desfavorecido, y lo hace desde un compromiso intelectual cristiano y políticamente de izquierda (…), Neill reacciona ante la educación represiva y aventura su proyecto por la senda del antiautoritarismo, fundamentado en el psicoanálisis. Piaget, desde la epistemología genética, nos proporciona una explicación acerca de cómo se construye o se aprende la inteligencia, teoría que otros han tratado de trasladar a los métodos pedagógicos y a la construcción de los currículos(…)”. 

Finalmente, es importante señalar que la idea de trasladar un postulado una teoría acerca de cómo podrían hacerse las cosas, hacia la realidad nos son impuestas. Esto quiere decir que se origina por etapas, primero se da el surgimiento de la idea -teoría-, luego su difusión y por último su aplicación. Por ello, las teorías educativas no gobiernan directamente las prácticas en la realidad, sino que se dan a través de quienes tienen que actuar en ella.

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@diegoganoza

Bibliografía:
PEDAGOGÍAS DEL SIGLO XX. José Gimeno Sacristán. “Los inventores de la Educación”. Editorial Cisspraxis, Barcelona. 2000.

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